En estas y otras acciones similares llevadas a cabo por todo el país, las víctimas son asesinadas después de ser torturadas, mutiladas y sujetas a otras vejaciones crueles o inhumanas por sus apresadores paramilitares. Human Rights Watch (HRW) informa sobre como, el 18 de Febrero, 2001, 300 hombres armados del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) entraron en el pueblo de El Salado, departamento de Bolívar, y masacraron a no menos de 36 habitantes, incluyendo a mujeres y niños. Treinta más se denunciaron como desaparecidos. Las víctimas fueron torturadas, violadas, asfixiadas, se les aplicó el garrote vil, acuchilladas y decapitadas durante el curso de dos días enteros. Esto fue posible debido a que durante este tiempo, la Primera Brigada de la Marina de Colombia mantenía las entradas a El Salado bloqueadas no permitiendo a nadie, incluyendo al Comité Internacional de la Cruz Roja, la entrada al pueblo.

Sumado a las masacres y la práctica regular de torturas, agentes paramilitares son responsables de una extensa campaña de asesinatos selectivos o asesinatos dirigidos hacia civiles, especialmente candidatos políticos, dirigentes laborales y sindicalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes indígenas, académicos y estudiantes. Los grupos paramilitares así mismo fueron responsables de la gran mayoría – casi un 80% - de las 664 desapariciones forzosas de civiles denunciadas en el 2000. Las desapariciones, masacres, el asesinato selectivo de civiles, la tortura extensiva; todos estos son crímenes contra la humanidad dando lugar a una responsabilidad criminal individual. Cualquiera que comete o es cómplice de estos crímenes internacionales-desde Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hacia abajo- pueden algún día ser considerados criminalmente responsables de sus acciones bajo la ley internacional.

Las mismas fuerzas armadas Colombianas son una fuente seria de abusos de derechos humanos que vienen a ser crimenes internacionales. Participan con frecuencia o son cómplices de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra de sus aliados paramilitares. De hecho, los grupos paramilitares deben mucho de su brutal éxito a las autoridades Colombianas: hay pruebas sustanciosas y creíbles de una participación directa del ejército y la policía en masacres atribuidas a los paramilitares. En el caso de El Salado anteriormente descrito, la Oficina del Alto Comisario de la ONU en Colombia recibió informes que, además de cerrar las carreteras de entrada del pueblo miembros del ejército Colombiano participaron directamente en la carnicería. Otros innumerables casos revelan una participación directa o una complicidad por parte de agentes estatales, sin la cual los paramilitares no podrían actuar o moverse tan libremente como lo hacen.

Sea actuando concertadamente con grupos paramilitares o consintiendo sus atrocidades, oficiales del gobierno, ambos militares y civiles, están cometiendo crímenes internacionales por los cuales se les podrá exigir responsabilidades algún día. Observadores extranjeros y nacionales del conflicto Colombiano harían bien en recordar este hecho. Tampoco deberían olvidar que miembros de las fuerzas de seguridad nacional continúan llevando a cabo ejecuciones extra-judiciales, actos de tortura y otros ataques directamente sobre la población civil, violando las leyes de guerra. Proporcionalmente, sin embargo, estas transgresiones de ley internacional están en un distante tercer puesto a aquellas cometidas por los grupos de paramilitares y de guerrillas.

Los Grupos de Guerrillas

Las dos principales fuerzas insurgentes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cometen crímenes de guerra y quizás hasta crímenes contra la humanidad, al hacer de distintas maneras objetivo a civiles. Fiables fuentes no-gubernamentales afirman que el 20% de asesinatos políticamente motivados que ocurren hoy en día en Colombia se pueden atribuir a los dos grupos de guerrillas principales. Las FARC, especialmente, masacran civiles de cuando en cuando, y ambos grupos participan con regularidad en el asesinato selectivo de disidentes y oponentes. En Diciembre del año pasado, individuos armados que se cree pertenecían a las FARC asesinaron a Diego Turbay, un congresista que era Presidente del Comité de Paz de la Cámara de Representantes. Guerrillas de las FARC también asesinaron a tres indígenas Americanos activistas en 1999. En los últimos años otros cientos de civiles, incluyendo dirigentes sociales, políticos e indígenas, han sido ejecutados por las FARC y el ELN por colaborar con el enemigo o por negarse a acceder a sus demandas.