Pueblos enteros abandonados, edificios deteriorados, campos sin trabajar- no es una vista inusual en los aterrorizados parajes más remotos de Colombia. La guerra entre las guerrillas de izquierdas y los grupos paramilitares de derechas es la causa de un desplazamiento interior masivo, una crisis humanitaria que era casi desconocida hasta el año 2000, cuando el plan Colombia atrajo una oleada de cobertura de los medios de comunicación a la región.

Según el Comité para Refugiados de EE.UU., solamente en el año 2000 mas de 315.000 personas se convirtieron en nuevos desplazados, llevando el total a 2,1 millones desde 1985. La violencia y el desplazamiento no son exclusivos de una sola zona de Colombia. Civiles han sido desplazados de (o dentro de) 27 de los 32 departamentos (estados) de Colombia.

La mayoría de los que se convierten en desplazados internos o que huyen por tierra a países vecinos, son granjeros y habitantes de aldeas y pequeños pueblos, los cuales han sido atacados por los paramilitares. Un numero desproporcionado de éstos son Afro-Colombianos y gentes indígenas. Alrededor del 32 por ciento de todas las familias desplazadas tienen a una mujer como cabeza de familia, y un 45 por ciento de los desplazados son niños de 14 años o menos.

Huyen a los crecientes poblados marginales de las afueras de las grandes ciudades Colombianas, o se apiñan en campamentos en el campo donde viven en la miseria y siguen temiendo por su vida. Las ciudades están superpobladas; la competencia es feroz; los servicios locales han sido exprimidos al máximo; la tensión y los conflictos crecen.

El trabajo disponible para las personas desplazadas es duro, mal pagado y normalmente temporal—por ejemplo, en la construcción o en equipos de construcción de carreteras, los cuales se contratan por jornal. Conducidos a la desesperación, muchos individuos trabajan por menos del salario mínimo estipulado, lo cual genera descontento entre otros pobres de la región. Otros se dedican a la economía sumergida, la compra y venta de frutas y verdura, cigarrillos u otros productos de mercados o mayoristas que luego venden en la calle o de puerta en puerta. Otros preparan comida para vender en la calle. Y otros lavan ropa.

Las personas desplazadas tienden a no tener la documentación adecuada. Los individuos de las zonas más remotas nunca han tenido los documentos que los habitantes de las ciudades reciben rutinariamente. La gente que huye repentinamente, a menudo no se lleva sus papeles. Al no tener documentos oficiales, les es imposible votar, trabajar legalmente, tener propiedades, conducir, enviar a sus hijos a las escuelas publicas o recibir tratamiento en hospitales públicos.

Las consecuencias psicológicas son severas. Según la Conferencia be Obispos Católicos de Colombia, la experiencia de desplazamiento es una de sufrimiento, lágrimas y dudas... (acompañada de) sentimientos de impotencia, vulnerabilidad y victimización.

Blanco de Ambos Lados

Desde mediados de los 90, los paramilitares de extrema derecha, las AUC (Autodefensas Unidas de Córdoba), una organización paraguas que acoge a la mayoría de grupos paramilitares, han sido responsables de la mayoría de las muertes y desplazamientos de civiles. Según el Ministerio de Defensa de Colombia. "(Ellos) generan el terror y el pánico. Cometen atrocidades, y lo hacen a vista de la gente para que huyan en estampida." Los paramilitares han sido responsables del 76 por ciento de las 671 masacres que fueron perpetradas entre Enero y Octubre del 2000. En los primeros tres meses del 2001 masacraron a alrededor de 530 civiles.

Ostensiblemente los paramilitares vacían pueblos y aldeas para privar a las guerrillas de apoyo. Sin embargo, el objetivo subyacente es el de echar a los campesinos de sus tierras en beneficio de sus ricos patrocinadores-grandes terratenientes, empresarios y narcotraficantes.

Los dos principales grupos de guerrillas, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Nacional de Liberación) hacen con regularidad su objetivo a dirigentes locales, dirigentes cívicos, y empresarios a quienes perciben como el enemigo. Acto seguido a estos ataques y asesinatos, otros civiles huyen para evitar una suerte similar.

Las FARC y el ELN financian su insurgencia a través de los secuestros por rescate de civiles de clase media y alta, e impuestos sobre cultivadores de coca y narcotraficantes en su zona de influencia. Las FARC con frecuencia reclutan a menores, algunos tan jóvenes como 9 años. Muchas familias huyen de las zonas controladas por las guerrillas para proteger a sus hijos.

El Ejército Colombiano es rara vez directamente culpable de abusos de derechos humanos o del desplazamiento forzoso de civiles, pero muchos observadores relatan que la razón es que los trabajos sucios ahora los hacen los paramilitares.. Según Human Rights Watch, en el 2000 "había pruebas de una continua, abundante y detallada colaboración entre el ejército y los paramilitares."

Respuesta del Gobierno Tremendamente Inadecuada.

En 1997, el gobierno aprobó una ley que esquematizaba los numerosos servicios provistos para los desplazados, pero se hizo poco para su implantación. El gobierno cambió la asistencia a los desplazados de agencia en agencia, resultando en confusión, comienzos en falso y enredos burocráticos.

Por fin, en 1999 transfirió la responsabilidad de ayudar a los desplazados a La Red de Solidaridad Social, (de aquí en adelante La Red). Una entidad pública directamente bajo el control de la Oficina del Presidente, La Red tiene delegaciones en Bogotá y 32 capitales de departamento. Mientras que la respuesta del gobierno a las necesidades urgentes de los desplazados ha mejorado, la atención de los servicios post-emergencia es virtualmente inexistente. La Red ha formulado planes para proyectos dirigidos a ayudar a los desplazados para que a largo plazo se ayuden a sí mismos, pero dicen no tener fondos para su implantación.

Un informe, muy crítico, de Enero del 2000 del TGD (Theme Group on Displacement, un cuerpo compuesto de agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales trabajando en Colombia bajo el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR)) cita que: "La acción del estado ha sido limitada y esporádica comparada con el fenómeno de los desplazados. Aun más, la mayoría de las agencias (gubernamentales) mandadas a dar asistencia a las poblaciones desplazadas han incumplido sus responsabilidades." En su Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos del 2001, el Departamento de Estado descubrió que "El gobierno no tiene ningún programa sistemático o presupuesto para aprovisionar adecuadamente la asistencia humanitaria hacia los desplazados."

Las autoridades locales y regionales también están a falta de recursos. Un informe del Proyecto Brookings (CUNY) sobre el Desplazamiento Interno describe las condiciones en Cartagena, que son típicas de la mayoría de las ciudades principales del país: "En el barrio Nelson Mandela... que es hogar para 50,000 desplazados, muchos de ellos de origen africano. No hay servicios básicos como, agua, electricidad y alcantarillado... El gobierno local ha dado la espalda a El Barrio."

Según CODHES (Consultora de Derechos Humanos y de Desplazamiento), una respetada ONG Colombiana que documenta la situación de desplazados, el 66 por ciento de los Colombianos carece de servicios de salud.

La ayuda que llega proviene de organizaciones no-gubernamentales Colombianas (ONGs), la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas, muchas de las cuales están financiadas por La Unión Europea. Hasta finales de los 90, todas las ONGs internacionales que asistían a Colombianos desplazados (mayoritariamente trabajando a través de socios locales de acción) eran Europeas pero, más recientemente, ONGs de EE.UU. también han empezado a ayudar. El Comité Internacional de la Cruz Roja suministra asistencia en emergencias y el Programa de Alimentos Mundial suministra ayudas de alimentos a unas 230.000 personas desplazadas. El UNHCR da apoyo técnico y sistemas de coordinación entre el gobierno Colombiano, las ONGs y las asociaciones de personas desplazadas. El UNHCR también da formación al ejército sobre la prevención de desplazamientos y la protección de personas desplazadas.

Los trabajadores de asociaciones de derechos humanos y humanitarias, quienes buscan proteger y dar asistencia a los desplazados, están en una situación de riesgo creciente. Varios han sido asesinados (cuatro, solo en el 2000), desaparecido o han sido secuestrados y muchos mas amenazados. En el 2000, 39 trabajadores de derechos humanos han tenido que huir del país o esconderse. Según el UNHCR, el gobierno Colombiano no ha hecho "un avance significativo...en adoptar medidas eficientes para contrarrestar los crecientes ataques y amenazas contra agencias nacionales e internacionales de derechos humanos que dan ayuda a los desplazados."

La Condición de los Niños

En un informe de Marzo del 2000, sobre los niños y el desplazamiento forzoso en Colombia, CODHES afirmó que "el 77 por ciento de niños y jóvenes que estaban recibiendo una educación en las zonas de expulsión no entraron en instituciones académicas después de ser desplazados." Mientras que una educación pública es supuestamente disponible para los desplazados, muchos niños no entran en la escuela porque sus padres no pueden comprarles zapatos, uniformes, libros o pagarles la matrícula que hasta las escuelas públicas han de cobrar para llegar a fin de mes. En los poblados marginales, no hay escuelas por lo general.

Sin poder estudiar y viviendo en una pobreza extrema, muchos niños están obligados a pedir en las calles de las principales ciudades Colombianas. Según el CODHES, "Los desplazados menores de edad tienen que vivir entre diversos tipos de violencia tales como bandas de jóvenes violentos, milicias urbanas, y otros grupos que imponen normas y códigos que limitan sus derechos y extienden los escenarios de temor y muerte que son característicos en sus zonas de expulsión (las zonas de las que huyeron personas desplazadas)" Muchos jóvenes se adentran en el mundo del crimen y la prostitución. Otros son reclutados por los mismos grupos armados originalmente responsables de su desplazamiento.

El Desplazamiento Intensifica la Persecución.

Las personas desplazadas están rodeadas de peligro. El informe Brookings relata, "El hecho de que hayan huido de zonas de combate, da lugar a sospechas... Muchos(desplazados) siguen temiendo por sus vidas." Los paramilitares y las guerrillas a menudo peinan las ciudades buscando a personas que han designado como objetivo. Según el UNHCHR, los dirigentes de comunidades desplazadas están especialmente en una situación de riesgo.

En Marzo del 2000, los paramilitares mataron a tres líderes de desplazados en Turbo, Departamento de Valle del Cauca; en Junio, mataron a más de una docena de personas desplazadas que justo días antes habían huido a Buenaventura, en la costa del Pacífico, después de un ataque sobre su poblado por paramilitares. En Septiembre los paramilitares amenazaron con matar a personas desplazadas en Tulúa, también en el Departamento Valle, si no volvían a sus hogares. La única respuesta del gobierno fue establecer una comisión para estudiar la situación. Según el UNHCHR, con la ausencia de planes concretos del gobierno para protegerles, muchos de los desplazados "se sienten obligados a seguir los deseos de los paramilitares."

Alzando laVoz

Durante muchos años, los desplazados se mantuvieron en silencio y escondidos por temor a ser víctimas de nuevo. Más recientemente, sin embargo, han empezado a imponer sus demandas. Ahora hay más de 60 organizaciones de personas desplazadas en Colombia, la mayoría pequeñas, mal organizadas y con falta de recursos. Con la ayuda de ONGs locales e internacionales algunas han logrado implantar algunos planes y proyectos.

En Febrero del 2000, representantes de varias organizaciones formaron la Coordinación Nacional de Personas Desplazadas para insistir que el gobierno abriera el diálogo con el grupo, "con el objetivo de discutir y proponer soluciones al problema del desplazamiento forzoso."

La frustración ha llevado a algunos grupos a iniciar acciones más agresivas. Durante cinco meses en 1998, 100 personas desplazadas ocuparon la oficina de la Defensoria del Pueblo.
Las protestas crecieron en 1999, especialmente en Bogotá; Un grupo tomó las oficinas del UNHCR durante un corto tiempo; en Diciembre, alrededor de 60 personas desplazadas ocuparon las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). El gobierno se ha negado a ceder a las exigencias del grupo, diciendo que no les puede dar asistencia que no puede suministrar a otros desplazados. El IRCR sigue ocupado mientras esto es publicado en la prensa.

Denunciar los hechos conlleva el alto coste de la persecución por parte de los paramilitares, las guerrillas y el ejército. El informe Brookings alega que: "Colombia es el país más peligroso del mundo para dirigentes de organizaciones de desplazados." En Mayo del 2001, días después de la publicación del informe Brookings, esta declaración demostró ser demasiado certera. Darío Suárez, uno de los fundadores del Comité Nacional de Personas Desplazadas, fue asesinado en Neiva, Departamento de Huila.

El gobierno de Pastrana ha acogido públicamente la Guía de Principios de la ONU sobre Desplazamiento Interno, la cual proclama el derecho de cada persona a no ser arbitrariamente obligada a abandonar su hogar. La única manera de detener el desplazamiento es parar la guerra, lo cual no parece que sea probable en un futuro próximo. Mientras tanto, el gobierno debe honrar su compromiso a la Guía de Principios y hacer más para salvaguardar su población más vulnerable. Si no cumple con sus obligaciones, impondrá aun más sufrimiento ha los hostigados Colombianos.

*******

Sub articulo

Los Refugiados huyen cruzando las fronteras

A finales del 2000, aproximadamente 12,000 Colombianos desplazados, mayoritariamente de Putumayo, huyeron a Ecuador. Conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y grupos de iglesias locales, las autoridades suministraron comida y refugio. La mayoría volvieron a otras partes de Colombia, pero a principios del 2001, más de1300 refugiados permanecían en Ecuador.

Pero cruzar la frontera no es garantía de seguridad. El trato de Venezuela hacia los refugiados ha sido el mas duro en la región. Desde mediados de 1999, las autoridades Venezolanas han repatriado involuntariamente a más de 2000 personas en busca de asilo. Como firmante al Protocolo de Refugiados de la ONU de 1967, el cual prohíbe la repatriación forzosa, Venezuela no tiene ningún derecho a negarse a aceptar a estos Colombianos, la mayoría de los cuales intentan escapar de los paramilitares en la región de Catacumba del Departamento Norte de Santander, que linda con el estado de Zulia de Venezuela. Hasta hace poco, las FARC controlaban esta importante zona de cultivo de coca; las AUC ha comenzado una batalla para su captura.

Varias veces en el 2000, el gobierno de Venezuela ha negado la presencia de refugiados Colombianos en su país, aunque su presencia ha sido comunicada por la prensa. El Ministro del Interior ha llegado a acusar al UNHCR- que visita a los refugiados en la frontera- de inventar la llegada de Colombianos para justificar su presencia en la zona. El UNHCR está tan molesto con la continua negativa de Venezuela de permitir el acceso de refugiados, que está considerando retirar sus oficinas de Caracas.

A finales de Enero del 2001, 400 Colombianos, la mayoría del grupo indígena Motilón Bari, buscaron refugio en Venezuela después de que paramilitares atacaran su zona. Aunque las autoridades locales reconocieron su entrada, y un grupo de una iglesia local les diera asistencia, el gobierno central negó la llegada de los Colombianos, y bloqueó acceso del UNHCR al grupo. Las autoridades Venezolanas luego devolvieron el grupo a Colombia.

Buscando Asilo en los EE.UU.

En el año 2000, se calcula que 225.000 Colombianos emigraron al extranjero; durante los últimos cinco años más de un millón han dejado el país. La mayoría de los que se dirigen a EE.UU. y Europa son principalmente personas de clase media que temen-o que ya han sido sujetos- de secuestros y/o extorsión, principalmente por parte de las guerrillas. Ellos también encuentran dificultades en los países a los que emigran.

Únicamente una minoría de Colombianos que buscan refugio en los EE.UU. presenta una solicitud de asilo. En el 2000, 3.400 lo solicitaron. (4.400 solicitaron asilo en Europa, Canadá y Costa Rica). La mayoría teme que si les es negado, serán deportados a Colombia. De hecho, los EE.UU. otorgan asilo al 68 por ciento de los solicitantes en el 2000, un incremento cuantioso sobre el 19 por ciento otorgado dos años antes.

Durante los primeros cuatro meses del 2001, se ha incrementado significativamente el número de Colombianos que solicitan asilo. Entre Enero y principios de Abril, más de 1000 Colombianos solicitaron asilo, solo en Miami- hubo 120 solicitudes en un solo día.

La mayoría de los Colombianos llegan a EE.UU. con un visado de turista válido por seis meses; cuando el visado caduca pierden su estatus legal, lo cual les obliga a entrar en la economía sumergida, donde son sujetos de la explotación y del constante temor a ser descubiertos y deportados.

El gobierno de EE.UU. podría otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los Colombianos, un método de ayuda humanitaria que previene que individuos sean deportados a un país donde estarían en riesgo debido a un conflicto armado. En el pasado los EE.UU. han otorgado TPS a Salvadoreños, Liberianos, Bosnios, Sierra Leoneses, y otros provenientes de países en conflicto. La administración Clinton se negó a otorgar esta protección humanitaria a los Colombianos; la administración Bush aun ha de considerar el TPS para los Colombianos.