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| Los familiares lloran
este sábado, 31 de mayo, 2003, junto al cuerpo de Samuel
Unenga, de 70 años de edad, en Bunia, Congo. Unega murió
de heridas producidas con machete propinadas por guerreros tribales.
El Fiscal Principal del Tribunal Penal Internacional ha indicado
que la región de Ituri, donde se encuentra Bunia, puede
ser el centro de su primera investigación oficial. ©
Karel Prinsloo | AP |
En los cuatro meses desde que llegó a su cargo, el Fiscal
Principal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo,
ha dado a entender cuál será posiblemente el área
de su primera investigación, y ha indicado más concretamente
cómo planea realizar su trabajo.
En un discurso
del 8 de septiembre a la Segunda Asamblea de los Estados Signatarios
en Nueva York, el Sr. Ocampo sugirió que la República
Democrática del Congo debía referir a su oficina posibles
crímenes cometidos en Ituri. Para el 16 de julio, 2003, el
Fiscal Principal ya había anunciado su intención de
seguir de cerca la situación en Ituri, una región
de la parte oriental del Congo devastada por la guerra. Al anunciar
que estaba observando ese conflicto, el cual muy bien podría
ofrecer el primer caso ante la nueva corte internacional, Ocampo
dio la indicación más clara hasta el momento de la
política judicial que planea seguir.
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El Fiscal Principal Luis Moreno Ocampo en su oficina del Tribunal
Penal Internacional, en La Haya, Holanda, el martes, 15 de julio,
2003. (Foto AP/Fred Ernst) |
Una Situación Urgente
La parte oriental de la República Democrática del
Congo, una región rica en recursos naturales localizada en
las fronteras con Rwanda y Uganda, ha estado en guerra desde 1996.
Es una situación “urgente”, según el fiscal
principal; apoyándose en informes de organizaciones internacionales
y no gubernamentales, el Sr. Ocampo estimó que 5.000 crímenes
pueden haberse cometido en Ituri desde el 1 de julio, 2002, la fecha
en la que al Tribunal Penal Internacional se le otorgó la
autoridad de procesar casos contra los autores de genocidio, crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra.
Decidir abrir una investigación sobre lo ocurrido en Ituri
fue el resultado de seis comunicaciones recibidas en la Oficina
del Fiscal de organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas,
de las cuales una había sido enviada por correo directamente
desde el Congo. En una conferencia de prensa del 16 de julio, mientras
se mostraban fotos del conflicto en una pantalla de la sala de conferencias
en La Haya, Ocampo detalló los asesinatos, desapariciones,
actos de tortura y mutilación, violaciones y reclutamiento
forzoso de niños soldados que han abrumado las vidas de los
residentes del Congo oriental — lo cual dejó claro
que no harían falta elucubraciones judiciales para establecer
que los crímenes en cuestión era lo suficientemente
graves como para necesitar la atención internacional.
El Fiscal Principal, quien empezó a trabajar el 16 de julio,
dijo que esperaba impedir que se cometieran más crímenes
en la región — aunque también habló con
cautela de la importancia de la investigación y el análisis
antes de que los alegatos pudieran verificarse. En cualquier caso,
antes de lanzar una investigación oficial o presentar cargos,
a Ocampo primero se le obliga a llegar a la conclusión de
si la República Democrática del Congo tiene la capacidad
judicial y la determinación política para procesar
los casos por sí misma. Si la respuesta a esta pregunta es
negativa, entonces tiene que convencer a la cámara preliminar
del Tribunal de que hay pruebas suficientes para que siga adelante
su propia investigación; es decir, a no ser que el Congo
u otros “países africanos u occidentales que hayan
participado en el proceso de paz al igual que otros Estados Signatarios”
refieran el caso oficialmente a la Corte, tal y como indicó
el Fiscal General en su discurso a los representantes de los estados
participantes a principios de septiembre.
Atacar las Raíces de la Maldad
Cualquiera de las opciones que se sigan, el procedimiento será
largo, pero el caso del Congo ya ha dado indicaciones sobre las
prioridades judiciales del Fiscal Principal. Más allá
de los hechos específicos de este caso, Luis Moreno Ocampo
ha comenzado a dejar claras las directrices del método a
largo plazo que va a seguir. La parte fundamental será la
idea de procesar a quienes sean responsables y ocupen los estamentos
más altos: los planificadores de los crímenes —
los líderes políticos y militares — y aquellos
que en efecto sean sus cómplices — las personas que
hayan ofrecido los recursos financieros y materiales que posibilitaron
que se cometieran los crímenes.
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Un
pequeño niño soldado rechaza dar su edad a los
periodistas en un campamento de milicianos étnicos
Hema cerca de Bunio, en la República Democrática
del Congo, 16 de junio, 2003. © Stephan Morrison | EPA
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“Los combates que están ocurriendo en Ituri parecen
ser el resultado de conflictos étnicos y de la lucha por
el poder, combinados con conflictos nacionales y regionales”,
conjeturó el Sr. Ocampo en julio, y “todos estos aspectos
de la situación se originan en el modo en el que se explotan
los recursos naturales”. De acuerdo con el Alto Consejo de
Diamantes en Amberes, las exportaciones ilegales de diamantes de
la República Democrática del Congo se elevan a 800
millones de euros al año. Concentrándose en este comercio,
el Fiscal Principal dijo que esperaba llegar a la raíz de
la maldad, a cortar los tentáculos del conflicto: “Investigar
los aspectos financieros de las supuestas atrocidades será
crucial para evitar más crímenes y para el procesamiento
de crímenes ya cometidos”. En otras palabras, el Fiscal
Principal se propone desmantelar toda la infraestructura que apoya
la comisión de los crímenes contra la humanidad. Asimismo,
al resaltar el papel de quienes sean cómplices económicos
del conflicto, el Fiscal Principal implícitamente anula cualquier
crítica contra el tribunal por discriminación inapropiada
que procese investigaciones solamente contra sospechosos africanos.
Existen “vínculos entre actividades de compañías
africanas, europeas y del Medio Oriente con las atrocidades que
están ocurriendo en la República Democrática
del Congo”, declaró el Sr. Ocampo. Explotación
ilegal de recursos, tráfico de armas: el Fiscal Principal
no contemporiza con sus palabras. Incluso si aún no existe
ninguna prueba admisible de que así sea, implicó,
los responsables de este tráfico están utilizando
el sistema bancario internacional. En el caso de Ituri, Ocampo también
subrayó la participación de grupos de crimen organizado
de Europa Oriental. Según él, “sus actividades
supuestamente incluyen la extracción de oro, la explotación
ilegal petrolífera y el tráfico de armas”. El
Sr. Ocampo parece esperar que habrá un gran incremento de
la cooperación judicial contra el crimen financiero internacional.
Un
Enfasis en la Cooperación
En
su discurso ante la Asamblea de Estados Signatarios, el Fiscal Principal
propuso explícitamente un intercambio de información:
“Las autoridades investigadoras nacionales pueden pasar a
la Oficina [del Fiscal] evidencias de transacciones financieras
que serán esenciales para las investigaciones del Tribunal;
por su parte, la Oficina podría tener pruebas de la comisión
de crímenes financieros que pueden ser entregadas a autoridades
nacionales para que los sospechosos sean procesados nacionalmente”.
La
cooperación parece ser la palabra clave de Ocampo. Su objetivo
parece ser solicitar el apoyo de todos los países que han
participado en el proceso de paz, argumentando que los grupos que
estén divididos por el conflicto — que puedan temer
los procesamientos por parte de terceros — podrían
acordar apoyar una investigación independiente y neutral
por parte del Tribunal Penal Internacional.
La
situación de Ituri también permite que el Fiscal Principal
tranquilice a quienes estén preocupados por que la Corte
abuse de su poder para procesar casos motivados políticamente.
Abrir una investigación sobre los crímenes ocurridos
en el Congo oriental le permite evitar cualquier reto directo contra
un gobierno nacional establecido. Allí la guerra se libra
entre milicianos y grupos de insurgentes rivales en el marco de
las negociaciones de paz y la intervención autorizada por
las Naciones Unidas. Y en la capital del país, Kinshasa,
el nuevo gobierno de transición ha dejado perfectamente claro
que espera poner fin a las masacres.
Stéphanie Maupas es la corresponsal en La Haya de Le Monde.
Regreso
al Principio
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Introducción