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Diciembre de 2003

La Estrategia del Fiscal al Descubierto
Por Stéphanie Maupas

Los familiares lloran este sábado, 31 de mayo, 2003, junto al cuerpo de Samuel Unenga, de 70 años de edad, en Bunia, Congo. Unega murió de heridas producidas con machete propinadas por guerreros tribales. El Fiscal Principal del Tribunal Penal Internacional ha indicado que la región de Ituri, donde se encuentra Bunia, puede ser el centro de su primera investigación oficial. © Karel Prinsloo | AP


En los cuatro meses desde que llegó a su cargo, el Fiscal Principal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha dado a entender cuál será posiblemente el área de su primera investigación, y ha indicado más concretamente cómo planea realizar su trabajo.

En un discurso del 8 de septiembre a la Segunda Asamblea de los Estados Signatarios en Nueva York, el Sr. Ocampo sugirió que la República Democrática del Congo debía referir a su oficina posibles crímenes cometidos en Ituri. Para el 16 de julio, 2003, el Fiscal Principal ya había anunciado su intención de seguir de cerca la situación en Ituri, una región de la parte oriental del Congo devastada por la guerra. Al anunciar que estaba observando ese conflicto, el cual muy bien podría ofrecer el primer caso ante la nueva corte internacional, Ocampo dio la indicación más clara hasta el momento de la política judicial que planea seguir.


El Fiscal Principal Luis Moreno Ocampo en su oficina del Tribunal Penal Internacional, en La Haya, Holanda, el martes, 15 de julio, 2003. (Foto AP/Fred Ernst)


Una Situación Urgente

La parte oriental de la República Democrática del Congo, una región rica en recursos naturales localizada en las fronteras con Rwanda y Uganda, ha estado en guerra desde 1996. Es una situación “urgente”, según el fiscal principal; apoyándose en informes de organizaciones internacionales y no gubernamentales, el Sr. Ocampo estimó que 5.000 crímenes pueden haberse cometido en Ituri desde el 1 de julio, 2002, la fecha en la que al Tribunal Penal Internacional se le otorgó la autoridad de procesar casos contra los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Decidir abrir una investigación sobre lo ocurrido en Ituri fue el resultado de seis comunicaciones recibidas en la Oficina del Fiscal de organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas, de las cuales una había sido enviada por correo directamente desde el Congo. En una conferencia de prensa del 16 de julio, mientras se mostraban fotos del conflicto en una pantalla de la sala de conferencias en La Haya, Ocampo detalló los asesinatos, desapariciones, actos de tortura y mutilación, violaciones y reclutamiento forzoso de niños soldados que han abrumado las vidas de los residentes del Congo oriental — lo cual dejó claro que no harían falta elucubraciones judiciales para establecer que los crímenes en cuestión era lo suficientemente graves como para necesitar la atención internacional.
El Fiscal Principal, quien empezó a trabajar el 16 de julio, dijo que esperaba impedir que se cometieran más crímenes en la región — aunque también habló con cautela de la importancia de la investigación y el análisis antes de que los alegatos pudieran verificarse. En cualquier caso, antes de lanzar una investigación oficial o presentar cargos, a Ocampo primero se le obliga a llegar a la conclusión de si la República Democrática del Congo tiene la capacidad judicial y la determinación política para procesar los casos por sí misma. Si la respuesta a esta pregunta es negativa, entonces tiene que convencer a la cámara preliminar del Tribunal de que hay pruebas suficientes para que siga adelante su propia investigación; es decir, a no ser que el Congo u otros “países africanos u occidentales que hayan participado en el proceso de paz al igual que otros Estados Signatarios” refieran el caso oficialmente a la Corte, tal y como indicó el Fiscal General en su discurso a los representantes de los estados participantes a principios de septiembre.


Atacar las Raíces de la Maldad

Cualquiera de las opciones que se sigan, el procedimiento será largo, pero el caso del Congo ya ha dado indicaciones sobre las prioridades judiciales del Fiscal Principal. Más allá de los hechos específicos de este caso, Luis Moreno Ocampo ha comenzado a dejar claras las directrices del método a largo plazo que va a seguir. La parte fundamental será la idea de procesar a quienes sean responsables y ocupen los estamentos más altos: los planificadores de los crímenes — los líderes políticos y militares — y aquellos que en efecto sean sus cómplices — las personas que hayan ofrecido los recursos financieros y materiales que posibilitaron que se cometieran los crímenes.

Un pequeño niño soldado rechaza dar su edad a los periodistas en un campamento de milicianos étnicos Hema cerca de Bunio, en la República Democrática del Congo, 16 de junio, 2003. © Stephan Morrison | EPA


“Los combates que están ocurriendo en Ituri parecen ser el resultado de conflictos étnicos y de la lucha por el poder, combinados con conflictos nacionales y regionales”, conjeturó el Sr. Ocampo en julio, y “todos estos aspectos de la situación se originan en el modo en el que se explotan los recursos naturales”. De acuerdo con el Alto Consejo de Diamantes en Amberes, las exportaciones ilegales de diamantes de la República Democrática del Congo se elevan a 800 millones de euros al año. Concentrándose en este comercio, el Fiscal Principal dijo que esperaba llegar a la raíz de la maldad, a cortar los tentáculos del conflicto: “Investigar los aspectos financieros de las supuestas atrocidades será crucial para evitar más crímenes y para el procesamiento de crímenes ya cometidos”. En otras palabras, el Fiscal Principal se propone desmantelar toda la infraestructura que apoya la comisión de los crímenes contra la humanidad. Asimismo, al resaltar el papel de quienes sean cómplices económicos del conflicto, el Fiscal Principal implícitamente anula cualquier crítica contra el tribunal por discriminación inapropiada que procese investigaciones solamente contra sospechosos africanos.
Existen “vínculos entre actividades de compañías africanas, europeas y del Medio Oriente con las atrocidades que están ocurriendo en la República Democrática del Congo”, declaró el Sr. Ocampo. Explotación ilegal de recursos, tráfico de armas: el Fiscal Principal no contemporiza con sus palabras. Incluso si aún no existe ninguna prueba admisible de que así sea, implicó, los responsables de este tráfico están utilizando el sistema bancario internacional. En el caso de Ituri, Ocampo también subrayó la participación de grupos de crimen organizado de Europa Oriental. Según él, “sus actividades supuestamente incluyen la extracción de oro, la explotación ilegal petrolífera y el tráfico de armas”. El Sr. Ocampo parece esperar que habrá un gran incremento de la cooperación judicial contra el crimen financiero internacional.

Un Enfasis en la Cooperación

En su discurso ante la Asamblea de Estados Signatarios, el Fiscal Principal propuso explícitamente un intercambio de información: “Las autoridades investigadoras nacionales pueden pasar a la Oficina [del Fiscal] evidencias de transacciones financieras que serán esenciales para las investigaciones del Tribunal; por su parte, la Oficina podría tener pruebas de la comisión de crímenes financieros que pueden ser entregadas a autoridades nacionales para que los sospechosos sean procesados nacionalmente”.

La cooperación parece ser la palabra clave de Ocampo. Su objetivo parece ser solicitar el apoyo de todos los países que han participado en el proceso de paz, argumentando que los grupos que estén divididos por el conflicto — que puedan temer los procesamientos por parte de terceros — podrían acordar apoyar una investigación independiente y neutral por parte del Tribunal Penal Internacional.

La situación de Ituri también permite que el Fiscal Principal tranquilice a quienes estén preocupados por que la Corte abuse de su poder para procesar casos motivados políticamente. Abrir una investigación sobre los crímenes ocurridos en el Congo oriental le permite evitar cualquier reto directo contra un gobierno nacional establecido. Allí la guerra se libra entre milicianos y grupos de insurgentes rivales en el marco de las negociaciones de paz y la intervención autorizada por las Naciones Unidas. Y en la capital del país, Kinshasa, el nuevo gobierno de transición ha dejado perfectamente claro que espera poner fin a las masacres.

Stéphanie Maupas es la corresponsal en La Haya de Le Monde.

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