Para financiar sus operaciones militares, ambas las FARC y el ELN participan en la extensiva y sistemática practica del secuestro de civiles por rescates, lo cual, bajo las reglas de la ley humanitaria internacional, se considera como toma de rehenes. La Fundación País Libre, una ONG que estudia este fenómeno, calcula que más de 1,500 personas fueron secuestradas por las guerrillas entre Enero y Septiembre del pasado año un número que representa el 61% del numero total de secuestros que ocurrieron en Colombia en el 2000. De los secuestrados 165 no sobrevivió el calvario.

Esta práctica es llevada al extremo cuando las guerrillas participan en la toma masiva de rehenes: muchos hombres, mujeres y niños son raptados a la vez y los mantienen hasta recibir un rescate. El año pasado, el ELN reunió y secuestró a 60 victimas montando un control en una autopista, tres de los cuales luego murieron en cautividad. En Abril del 2001, el ELN, que en el pasado ha secuestrado un avión y ha interrumpido misas para capturar victimas, secuestro a 100 empleados de Occidental Petroleum, una empresa petrolífera Americana. La mayoría de las víctimas fueron liberadas.

Un comandante de las FARC en una entrevista reciente de Human Rights Watch, desestimó la ley humanitaria internacional, la cual considera "un concepto burgués." Sea burgués o no, el asesinato intencionado de civiles y la toma de rehenes son crímenes de guerra bajo las normas aplicables de ley internacional. Estas acciones pueden también constituir crímenes contra la humanidad si son perpetrados de una forma extensiva o sistemática, como parece ser el caso con los secuestros de civiles por rescates. Las repetidas masacres y la regularidad de asesinatos políticos llevados a cabo por ambos grupos de guerrillas pueden además ascender al nivel de crímenes contra la humanidad, aunque es menos claro que las prácticas de las guerrillas en este respecto llegan a los elevados límites requeridos para tales crímenes.

IV. La Impunidad, Responsabilidad y la Búsqueda de la Paz

Por terrible que pueda parecer, la mayoría de los autores de crimines internacionales en Colombia puede que nunca aparezcan ante la justicia. La impunidad por crímenes violentos en ese país merodea el 100%, especialmente los cometidos en el transcurso de la guerra. La debilidad del sistema judicial Colombiano hace que la persecución y castigo de paramilitares o guerrillas culpables sea relativamente inusual. Comandantes militares participantes en masacres y otros crímenes internacionales son continuamente protegidos de sanciones por el sistema judicial militar, que o los absuelve de toda culpa o les impone una leve sanción administrativa. Este muro de impunidad evita que el sistema judicial alcance a los peores delincuentes. Aunque Carlos Castaño, dirigente de las AUC tiene múltiples ordenes de captura pendientes (en el último recuento eran 22), se ha reunido con regularidad con oficiales nacionales y extranjeros, ha otorgado cuantiosas entrevistas a la prensa, y se ha desplazado por el país aparentemente a su antojo.

A pesar de no haber hasta ahora ningún mecanismo internacional que pueda asegurar responsabilidades, el reciente establecimiento de tribunales especializados diseñados para procesar crímenes internacionales es una señal alentadora de un cambio positivo. El más significativo de estos es el Juzgado Criminal Internacional ("ICC"), creado por el Estatuto de Roma en 1998 (el ICC aún no existe formalmente debido a que el Estatuto de Roma aún no ha sido ratificado por un numero suficiente de países). Colombia ha firmado el Tratado de Roma, cuya ratificación está siendo estudiada por el Congreso Colombiano. No es inverosímil pensar que, en algún momento del futuro cercano, pueda haber un juzgado internacional con la tarea de llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Colombia.