El
año pasado el congreso de EE.UU. aprobó un paquete
de ayudas sin precedente a Colombia de $1.3 billones. Esto
representó la contribución de EE.UU. al Plan
Colombia de $7.5 billones, originalmente diseñado como
un programa multifacético de cinco años dirigido
a tratar los muchos problemas del país promocionando
la paz. Fue presentado por el Presidente Andrés Pastrana
a finales de 1999 y fue endorsado por el Presidente Bill Clinton
a principios del 2000.
A pesar de ello, un año después, aún
en su fase inicial de implantación, el Plan Colombia
ya ha generado un acalorado debate político, creado
muchas reacciones negativas y producido severos efectos dañinos
en el conflicto mismo.
El casi exclusivo enfoque anti-droga de ayudas Estadounidenses,
destacando la erradicación de cultivos de coca por
fumigación aérea con pesticidas en distritos
del sur, dio al Plan Colombia una dirección y carácter
totalmente nuevos esencialmente borrando su método
original el cual tenía una base más amplia.
Cuatro quintas partes de los recursos Estadounidenses fueron
adjudicadas al ejército y a la policía, convirtiendo
a Colombia en el mayor receptor de asistencia de seguridad
de los EE.UU. El Plan Colombia dio la imagen a los Colombianos
que, en vez de apostar por un proceso de paz los EE.UU. estaban
escalando la guerra.
Este mismo mensaje hizo eco en Bruselas y otras capitales
Europeas, donde el Plan Colombia enseguida encontró
oposición especialmente a su componente militar y su
énfasis en fumigación aérea. Por esta
razón Europa no ha aportado en su totalidad los $2
billones que con Canadá y Japón habían
acordado contribuir.
Más significativo aun es que, el Plan Colombia ha dividido
a los Colombianos, todo lo contrario de su intención
manifiesta de unirlos.
El plan nunca fue consultado, discutido o debatido dentro
de Colombia antes de su presentación en el extranjero.
Ni las comunidades directamente afectadas ni sus representantes
electos fueron incluidos en los procesos de decisión.
Mientras que el congreso de EE.UU. ha tenido innumerables
sesiones abiertas y vistas sobre el Plan Colombia, el congreso
Colombiano aún ha de tener la primera.
En las elecciones regionales de Octubre del 2000 todos los
departamentos del sur, objetivo del Plan Colombia, eligieron
gobernadores que habían propuesto fuertemente plataformas
en contra de la fumigación. Al tomar sus puestos, formaron
un frente común para proponer su propia versión
del Plan Colombia, basada en una erradicación gradual,
manual y concertada acompañada de subsidios y créditos
para permitir a los campesinos encontrar alternativas viables
al cultivo de coca.
El efecto más dramático del Plan Colombia ha
sido en la guerra interna. Aunque en los EE.UU. fue calificada
como una intervención anti-narcótica, en Colombia
es claramente entendida y vista como una acción de
contrainsurgencia. Aunque la mayoría de material bélico-principalmente
helicópteros Blackhawk-aún ha de llegar y no
estará totalmente desplegado hasta finales de año,
el Plan Colombia ya ha tenido un gran impacto en los grupos
implicados en el conflicto armado, cambiando la manera de
verse y el desarrollo de sus estrategias respectivas.
Por un lado, ha restablecido esperanzas de una solución
militar dentro del ejército y los elementos conservadores
de la elite civil. Después de tener las guerrillas
la iniciativa durante muchos años en el campo de batalla,
el Plan Colombia ha llevado a muchos a creer que ahora, con
la ayuda de EE.UU., la situación puede dar un vuelco.
El Presidente Pastrana pensó que el Plan Colombia mejoraría
su posición en los diálogos de paz con las FARC,
las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas; de hecho
ha hecho lo opuesto, reduciendo su maniobrabilidad y fomentando
la desconfianza por parte de los insurgentes. El ejército
ha incrementado su poder dentro del gobierno, inclinando la
balanza del poder de relaciones civiles-militares más
a su favor.
El Plan Colombia igualmente ha envalentonado a los insurgentes.
Por fin ha dado credibilidad a su inicial afirmación
de estar luchando por la liberación nacional y contra
el imperialismo Yanqui. En departamentos como Caquetá
y Guaviare, no hay duda alguna que el incremento en reclutamiento
es en gran parte debido al gran descontento generado entre
los campesinos por la fumigación aérea. El Plan
Colombia ha reforzado la posición de los componentes
duros de las FARC, quienes han argumentado desde un principio,
que el gobierno, lejos de buscar reformas sociales y negociar
la paz, está preparando su derrota militar. De hecho
hay documentación que las FARC han adquirido diez mil
AK 47 a través del notorio ex jefe de inteligencia
Peruano Vladimiro Montesinos; ésto, ha dicho el grupo,
es solo el principio de su respuesta al Plan Colombia. Existe
ahora una carrera armamentística, en la cual las guerrillas,
con sus amplios recursos y tropas reducidas, tienen una clara
ventaja a largo plazo sobre el ejército que tiene que
contar con los contribuyentes Colombianos y Estadounidenses
para mantener los niveles de gastos militares actuales.
La implantación del Plan Colombia también ha
coincidido con el rápido crecimiento de grupos paramilitares
de derechas, la mayoría de los cuales pertenecen a
las AUC, Grupos de Autodefensa Estadounidenses de Colombia.
Las AUC se han mudado al departamento de Putumayo, donde se
está llevando a cabo la mayoría de la fumigación.
Algunos observadores han interpretado esta migración
de las AUC como la primera fase no-oficial del Plan Colombia,
diseñada para abrir el camino al ejército.
El Plan Colombia estaba enfocado únicamente hacia el
sur del país, la fortaleza histórica
de las FARC, y no el norte, donde tienen su base los grupos
paramilitares. Muchos consideran esto una prueba de, que el
Plan Colombia es una estrategia de contrainsurgencia disfrazada
como contra-narcótica. Carlos Castaño, dirigente
de las AUC, ha anunciado públicamente su apoyo al Plan
Colombia: evidentemente el también lo ve más
como una arma contra las FARC, su odiado enemigo, que como
una estrategia efectiva contra el narco-tráfico del
cual ha confesado haber conseguido el 70% de los ingresos
de su organización.
Pero los efectos más notables del Plan Colombia no
están siendo notados por los participantes armados
implicados en el conflicto, sino por los civiles, las víctimas
principales de la escalada de la guerra. De media, dos civiles
mueren por cada combatiente muerto, la mayoría campesinos.
La última década de guerra y violencia política
ha producido mas de dos millones de personas desplazadas internamente.
De los dos a tres millones de civiles desarmados secuestrados
anualmente en Colombia el 60% lo son por las guerrillas. Jóvenes
menores de 18 años suman una quinta parte de ambas,
fuerzas rebeldes y de los paramilitares. En todos los aspectos,
la guerra Colombiana se lleva a cabo muy por debajo de las
normas impuestas por la ley humanitaria internacional para
el debido respeto y protección de civiles. Al escalar
la guerra, el Plan Colombia únicamente contribuye al
incremento de civiles masacrados o obligados a abandonar sus
hogares.
Iniciativas de paz de ciudadanas y los esfuerzos para la creación
de paz locales, a sí mismo han sido severamente impedidos.
En los últimos años, trabajadores, campesinos,
mujeres, estudiantes, así como empresarios y dirigentes
de la Iglesia Católica organizaron proyectos de paz.
Organizaciones no-gubernamentales (ONGs) documentan y denuncian
violaciones de derechos humanos rigurosamente. Pero a menudo
los que se declaran en contra de la guerra o a favor de los
derechos humanos son vistos por los participantes armados
como agentes enemigos. Activistas, defensores de derechos
humanos, líderes sindicalistas, catedráticos,
estudiantes y periodistas, son los objetivos principales de
la violencia política. Muchos de los mejores y más
brillantes ciudadanos del país están en exilio
forzoso, añadiendo a la diáspora Colombiana
los miles que huyen por razones económicas.
Irónicamente, hay un aspecto sobre el cual el Plan
Colombia seguramente no tendrá ningún impacto:
el tráfico de drogas. Primeramente, está enfocado
casi exclusivamente en los productores de coca, quienes componen
el eslabón más débil en la cadena de
actividades ilícitas del narco tráfico. Se ha
conseguido poco o ningún avance en el tema de interdicción,
por no hablar del lavado de dinero, control de materiales
precursores, control de armas, y otros temas más delicados
sobre los cuales el Plan Colombia no se pronuncia.
En segundo lugar, en anteriores experiencias se ha demostrado
con claridad que la fumigación aérea solo ha
servido para desplazar los cultivos de coca. Mientras que
haya una demanda que satisfacer, el llamado "efecto globo"
ha demostrado que la erradicación "exitosa"
en Perú y Bolivia ha llevado ha un incremento de cultivo
de coca en Colombia, al igual que la fumigación masiva
en Guaviare y Caquetá en 1995 y1996 que simplemente
desplazó el cultivo ilícito a Putumayo. Venezuela,
Ecuador y Brasil ya han expresado su preocupación sobre
el desbordamiento del Plan Colombia hacia sus territorios
y sus efectos en la seguridad de la región.
Hay que decir que, gracias a los esfuerzos de grupos de presión
de muchas ONGs influyentes en Washington D.C. el componente
estadounidense del Plan Colombia incluye algunos elementos
positivos (aunque desafortunadamente estos han sido ensombrecidos
por la preponderancia de elementos negativos). Por primera
vez, los Estados Unidos está financiando proyectos
de desarrollo alternativos, y hasta sobrepasando los gastos
de los Europeos en este frente. La protección de actividades
por los derechos humanos, y por la fortificación del
sistema judicial son líneas de acción loables
dentro de la "porción social" del Plan Colombia.
El mayor potencial del Plan Colombia está en su insistencia
en la regla de la ley. Debería impulsar a las fuerzas
de seguridad Colombianas a mejorar su abismal historial en
derechos humanos y cortar todos los lazos con los paramilitares.
Desgraciadamente, sin embargo, invocando la renuncia presidencial
por razones de seguridad de estado, Washington envió
una señal equívoca: las violaciones de derechos
humanos serán ignoradas en el nombre de la guerra contra
las drogas.
Para finalizar, el Plan Colombia debe ser mirado en un contexto
económico más amplio. El acuerdo de largo alcance
que la administración de Pastrana firmó con
el Fondo Monetario Internacional, aunque técnicamente
no relacionado con el Plan Colombia, aparenta ser más
que constante con sus objetivos. El acuerdo con el FMI dicta
duros recortes en las transferencias de fondos desde el gobierno
central en Bogotá a las autoridades locales y regionales,
una reforma profunda del sistema de pensiones, la privatización
de varias entidades del estado y la reducción del gasto
social. Todas estas medidas van claramente en contra de los
compromisos que con seguridad surgirán de cualquier
acuerdo de paz futuro. La administración de Pastrana
ha destacado recientemente la importancia del comercio libre
para atraer inversiones extranjeras y aboga enérgicamente
por el Mercado Libre de las Américas.
Todo esto sirve para demostrar que la participación
de los EE.UU. en Colombia va mucho mas allá que el
Plan Colombia. Aun así la droga continúa dominando
la visión estadounidense de lo que ocurre en Colombia.
Aunque los EE.UU. han apoyado formalmente las negociaciones
de paz de Pastrana, se ha limitado ha habladurías,
evitando cualquier compromiso serio. Hasta ahora la política
estadounidense ha confundido el apoyo a Pastrana con el apoyo
al proceso de paz, el cual se extenderá necesariamente
más allá de su presidencia ( que termina en
Agosto 2002)
En la historia actual, cuando los EE.UU. ha definido con claridad,
la paz como su principal objetivo político, hasta ha
"pisado los pies" de sus aliados tradicionales-
Israel, en el caso de Medio Oriente, y el Reino Unido en el
conflicto en Irlanda del Norte. En Colombia los EE.UU. deberían
aplicar su gran influencia en el ejército y la élite
civil para efectuar la transformación democrática
y para parar la matanza. A la vez los EE.UU. dejarían
de ser los principales instigadores en la guerra en su estado
actual, y convertirse en una pieza clave en la paz del mañana.
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