El 16 de Mayo, la administración de Bush anuncia La Iniciativa Regional Andina, requiriendo alrededor de $882 millones de presupuesto para dar asistencia a Colombia y seis países vecinos – Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú, Bolivia y Brasil.

La declaración pública del Departamento de Estado dicta la racionalización detrás del nuevo esfuerzo: " En contraste con el suplemento del Plan Colombia del año pasado, menos de la mitad de las ayudas irá a Colombia y solamente la mitad se dirigirá a la asistencia de las fuerzas del orden y seguridad. Ya hemos dado noticia de esta iniciativa en términos generales a otros donantes y las naciones que lo perciben y ha sido bien acogido." Así, la administración Bush buscó sosegar la feroz oposición generada en Europa y Latino América hace un año con el paquete de ayudas anti-droga mayoritariamente militares, de $1.3 billones a Colombia.

Aun no está totalmente claro hasta qué punto el nuevo "método regional" en realidad representa un alejamiento a la contribución Estadounidense al Plan Colombia del pasado año. Con seguridad, en términos de relaciones publicas, apaciguará algunas de las críticas hacia la política de EE.UU. en Colombia ( especialmente las preocupaciones de un desbordamiento hacia países vecinos). Pero en términos de política sustantivos, el método Bush difiere poco de lo que fue aprobado el año pasado por la administración de Clinton. Entonces, al igual que ahora, la crisis Colombiana se ve principalmente como una crisis de drogas y la receta usual – una mezcla de erradicación, desarrollo alternativo, y programas de fortalecimiento de las instituciones.

La diferencia ahora, claro, es un mejor equilibrio entre los componentes militares y los sociales, y el hecho que los fondos serán mas equitativamente repartidos entre los países de la región.

La Iniciativa Regional Andina parece reflejar la decisión tomada por la administración de Bush de retrasar un repaso serio de cómo los EE.UU. deberían responder al deterioro de la situación en Colombia. Como la administración del presidente Andrés Pastrana está en su ultima etapa – con un nuevo presidente electo que tomará el mando en Agosto del 2002 – seguramente tiene poco sentido político alterar significativamente la actual política llevada a cabo.

Aun así, salvo un logro inesperado, en algún momento la administración de Bush seguramente considerara una gama de opciones políticas dirigidas a la crisis Colombiana. Es instructivo examinar al menos algunas de estas posibilidades y sus escenarios correspondientes, con el objetivo de identificar los elementos que se podrían juntar para construir una política coherente y constructiva a largo plazo de EE.UU. en Colombia.

Aunque la opción de una retirada gradual es poco probable por una serie de razones, el análisis de esta alternativa política es un ejercicio útil que por lo menos sirve para agudizar los argumentos – y demostrar la necesidad – para la continuación de la participación en Colombia. Es tentador observar la profunda y incesante crisis en el país Andino y concluir – como sin duda algunos han hecho – que para los EE.UU. sería mejor no involucrarse de ninguna manera. La situación es simplemente demasiado compleja, liada, y abrumadora. Los EE.UU. no entienden a Colombia y nunca lo harán. Hay demasiados riesgos, y no lo suficiente en juego para los EE.UU. Quizás tendría sentido, como dice el argumento, "dejarlo."

Este punto de vista tiene cierto atractivo, especialmente si uno da una importancia prioritaria a mantener a los EE.UU. lo menos "manchada" posible. El problema es, claramente, que las recetas políticas tienen sus consecuencias. En este caso, si los EE.UU. retiraran su apoyo, es una apuesta razonable que la situación sin ley y la inseguridad que tiene Colombia empeoraría, produciendo mayores niveles de violencia y una tragedia humana mayor.

De hecho, si se extrapolara la dinámica actual – la creciente fuerza económica de ambos los grupos paramilitares y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas), el crecimiento de la criminalidad, todo aprovisionado por la economía de la droga – la situación que emerge es calamitosa.

El problema fundamental, es la inhabilidad del gobierno Colombiano de proteger a sus ciudadanos – se exacerba. Aunque se puede argumentar que a corto plazo el deterioro afectará principalmente a Colombia y un poco menos a sus vecinos, a largo plazo, los EE.UU. – sus intereses básicos y valores profundos – serían profundamente afectados de muchas maneras.

El empeoramiento de la tragedia Colombiana – los agudos problemas humanitarios y de derechos humanos del país son incuestionables – exigen una participación positiva de los EE.UU. La democracia más antigua de Sur América está en peligro y los EE.UU. consistentes con su compromiso a los valores democráticos, tiene los medios y la responsabilidad de frenar esta espiral negativa. Esta crisis, a demás, socava el objetivo más amplio de crear en el hemisferio una comunidad más segura, democrática y prospera.

Otros intereses claves de los EE.UU. también están en riesgo. Primero, el deterioro de Colombia podría continuar aumentando el conflicto mas allá de sus fronteras, causando inestabilidad en una región que es cada vez más incierta en términos políticos y económicos. Segundo, Colombia es la cuarta economía de Sur América y el quinto mercado de exportaciones de EE.UU. en Latino América, convirtiéndola en un fuerte y valorado aliado en la región. Tercero, Colombia produce entre el 80 y 90% de la cocaína y dos tercios de la heroína consumida en los EE.UU. y como resultado, es un vital aliado en la lucha contra el problema de la droga. Finalmente, el empeoramiento de las condiciones en Colombia bien podrían provocar un aún mayor éxodo del país. En los últimos cinco años, mas de un millón de Colombianos han emigrado, siendo su destino principal los EE.UU.

Los probables efectos de una retirada completa de los EE.UU. de Colombia pueden ser temibles de contemplar. Adoptar este curso de acción sería una irresponsabilidad. Más bien, el reto de los EE.UU. es encontrar la mejor manera de habilitar al gobierno de Colombia a proteger a sus ciudadanos, de acuerdo con los principios democráticos y la regla de la ley. Nadie lo cree fácil, y de hecho muchos dudan (con razón) si es factible. Aún así, es imperativo intentarlo.

En la vista de la historia de Colombia, no hay duda que para que el estado lleve a cabo su función legítima, hay una tarea formidable y a largo plazo. De hecho el estado Colombiano ha sido débil históricamente, teniendo poco control sobre su territorio nacional. El reto es también impresionantemente extenso, englobando política social, desarrollo económico, y reformas políticas, además hay un importante problema de orden publico, reflejado en las ahora conocidas, estadísticas chocantes de importantes incrementos en el número de desplazados internos, asesinatos, secuestros y violencia relacionada. En estas categorías horrorosas, Colombia ha logrado batir un número de marcas mundiales (incluyendo a mas de 3.000 secuestros el pasado año). No es nada claro como Colombia puede dirigirse a su amplia agenda social y institucional entre tal caos.

Similarmente, desde una perspectiva de derechos humanos, es difícil imaginar un escenario optimista en Colombia a menos que el estado empiece a reafirmar su control y autoridad legítima en el país. Y es igualmente difícil imaginar que el estado podrá hacerlo por sí solo, sin una participación externa considerable, una mezcla correcta de presión y apoyo. En este contexto, el papel de los EE.UU. es fundamental, y hasta ineludible. Dos caminos cruciales – una asistencia amplia por un lado y apoyo político por el otro- deben ser seguidos simultáneamente y con habilidad.

Para poder responder a la urgencia de la situación en Colombia, un apoyo de seguridad significativo es esencial y únicamente puede llegar de los EE.UU. Los países Europeos no pueden ni están dispuestos a dar tal asistencia. Es seguro que, críticos de las ayudas de EE.UU. están, con razón, preocupados por los ampliamente documentados lazos entre el ejército Colombiano y los grupos paramilitares, con el telón de fondo del inquietante historial de la participación militar Estadounidense en Latino América. El temor es que las ayudas de seguridad puedan ser usadas, aunque indirectamente, para financiar la "guerra sucia" del país. Aun así debido que la opción de retirada probablemente extendería notablemente el conflicto en Colombia, tiene más sentido centrarse en cómo los EE.UU. podrían utilizar su influencia y poder, de una manera positiva. Ésto no significaría únicamente aplicar la presión necesaria para cortar los lazos ejército / paramilitares, sino también instar a las fuerzas de seguridad Colombianas a llevar a cabo su correcta función en una sociedad democrática, controlando a todos los participantes que están obrando ilegalmente.

Es importante reconocer que, bajo la administración Pastrana, los Colombianos ya han tomado pasos en esta dirección positiva. Aunque todavía demasiado inusuales, ha habido algunas confrontaciones entre el ejército y las fuerzas paramilitares. También se ha dado un incremento en el número de detenciones y destituciones de oficiales del ejército debido a lazos con los paramilitares. Según el estudio del departamento de estado Informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2000 Países, "desde 1997 hasta el final de Octubre del 2000, 934 miembros de grupos paramilitares han sido capturados, y 150 han sido matados. El Ministerio de Defensa informa que durante ese año las fuerzas de seguridad mataron a 89 miembros de grupos paramilitares y capturaron a 315. En 1999 el ejército informó que mató a 26 miembros de grupos paramilitares y capturó a 102 durante ese año." Los esfuerzos de perseguir con seriedad a los grupos paramilitares acaban de comenzar, y sin duda se necesita hacer mucho más. Pero es difícil negar que hasta el punto que haya habido cualquier progreso en este frente, puede ser substancialmente atribuido a la participación de EE.UU., y en menor medida a la presión internacional sobre el gobierno de Colombia.

El problema principal es, sin embargo, que las actuales ayudas de seguridad provistas por los EE.UU. no se están disponiendo de una manera en la que mejor pueden contribuir a la paz y reconciliación de Colombia. De hecho, aunque Colombia es el tercer receptor de ayudas de seguridad en el mundo ( detrás de Israel y Egipto), hay pocos indicios de cualquier tipo de conceptos de guías estratégicas. En vez de eso, el paquete de ayudas de $1,3 billones aprobado para Colombia el año pasado – la contribución de EE.UU. al más amplio multi-anual Plan Colombia de 7,5 billones – es, como se ha dicho con anterioridad en su mayor parte un programa militar anti-droga. Esta política responde menos a la realidad de Colombia que a la realidad y las presiones de la política nacional de EE.UU. Hasta el punto que si la ayuda tiene alguna conexión con el objetivo clave de ayudar a Colombia a proteger a sus ciudadanos, es mayoritariamente indirecto y principalmente una racionalización para justificar la persecución de la última pieza del rompecabezas Colombiano que más importa a los oficiales Estadounidenses – las drogas.

Las ayudas actuales a Colombia destacan la fórmula anti-droga común de los EE.UU.: erradicación y interdicción. Es dudoso que tal fórmula tenga un efecto positivo en ayudar, aunque sea levemente, a reducir el flujo de drogas hacia EE.UU. . Pero también parece evidente que enfocar las ayudas hacia la compra de caros helicópteros y entrenar a unos cuantos batallones anti-narcóticos para hacerse con los campos de cultivo de coca en el sur de Colombia está lejos de ser la mejor forma de dar la vuelta a la sin ley prevaleciente y el continuo deterioro del país. De hecho hay suficientes pruebas de que la fumigación es a menudo contra producente, ayudando a poner a los cultivadores de coca en manos de las fuerzas fuera de la ley, bien sean de derechas, o de izquierdas.

La ayuda de EE.UU. está desencaminada y necesita ser considerablemente reformada y replanteada. Para poder cambiar el estrecho enfoque sobre las drogas y ayudar a los Colombianos a tratar su urgente problema de orden público, el énfasis estratégico de la política Estadounidense en Colombia debería a lo contrario ser, a corto plazo, promover la profesionalización de las fuerzas de seguridad. De la profesionalización transciende el dilema anti-droga/contrinsurgencia que con frecuencia sale a la luz en los debates de política sobre Colombia. Los críticos a menudo reclaman que la motivación política de EE.UU. es una derrota militar de las guerrillas, usando la lucha contra las drogas como un pretexto. Pero reorientar la política de EE.UU. de una manera que pone más énfasis en reafirmar la autoridad en un contexto democrático sería un cambio bienvenido – y algo bastante diferente que un método anti-droga o de contrainsurgencia. Para poder llevar a cabo este esfuerzo de profesionalización, los EE.UU. debería centrarse menos en aportar material bélico, y más en formación, reestructura del ejército, recolección de información, y de establecer mecanismos de vigilancia efectivos.

Más importante aún es que, la profesionalización sería un paso necesario para reforzar el estado Colombiano, lo cual ayudaría al país a llegar a un acuerdo de paz en este conflicto de décadas. Fuerzas de seguridad de mayor profesionalidad – mayor capacidad y crucialmente una adherencia completa a las normas de conducta de derechos humanos – bien podrían cambiar la dinámica del conflicto, alterando los cálculos de las FARC y haciéndoles más propensos a negociar de buena fe.

Está claro que los EE.UU. cortaron las ayudas al ejército debido a denuncias de abusos de derechos humanos y a la extensa corrupción. En cambio, el apoyo se dirigió hacia la Policía Nacional de Colombia para propósitos anti-droga. Pero este apoyo, todavía equivocadamente dirigido a la lucha contra las drogas, demostró ser inadecuado para tratar con el problema yaciente del crecimiento del desorden. El objetivo global de la política de EE.UU. en Colombia debería ser, al contrario, incrementar la capacidad de las fuerzas de seguridad de restaurar y mantener el orden público y también incrementar la disciplina de los soldados y hacerles más responsables de sus acciones.

Para ser efectivas, estas asistencias deberían ser complementadas con unas ayudas mantenidas a largo plazo para otros temas distintos a la seguridad. Un apoyo mayor para el refuerzo de las instituciones –incluyendo una reforma judicial, esfuerzos de la regla de la ley dirigidos a reforzar las garantías de derechos humanos y en reducir la corrupción- son esenciales para asegurar que los acusados de violar derechos humanos sean enjuiciados adecuadamente. Los EE.UU. también deberían ofrecer un apoyo económico sostenido –con ventajas especiales en el comercio para poder acceder a los mercados de EE.UU. – para ayudar a Colombia a tratar sus numerosos problemas sociales. Ayudas humanitarias y una alternativa bien planeada de desarrollo de programas alternativos y sociales, dirigidas a las desigualdades subyacentes en temas de educación, salud y reparto de tierras también deberían ser prioritarios.

En términos políticos prácticos tiene sentido concentrar las engrías para ir más allá del actual paquete de estrecho enfoque y intentar crear un consenso detrás de una estrategia más constructiva de EE.UU. en Colombia. Empezar de cero – la sugerencia dada por algunos críticos de la política de EE.UU. – no es factible. Además corre el riesgo de que en la política anteriormente mencionada de una retirada gradual, aunque improbable, no puede ser totalmente descartada dadas las tendencias de la política exterior de la administración de Bush. Como ha sido discutido antes, esto sería lamentable, y más bien dañino – y con consecuencias más severas en derechos humanos – como el maltrecho y decepcionante paquete de ayudas implantado en la actualidad. En resumen, las opciones, no son muy atractivas.

Es seguro que será muy difícil intentar conseguir que los dirigentes de Washington diseñen y den forma a las ayudas de EE.UU. de una manera que contribuya a reforzar las instituciones democráticas en Colombia. Quizás más difícil aún es la tarea de dar energía a Washington para que juegue un papel diplomático esencial – pero no necesariamente muy visible – catalizador para ayudar al Gobierno Colombiano a lograr una solución política a su conflicto. Muchos legisladores dan poca prioridad política a Colombia ( y a Latino América en general) prestan mas atención a otros puntos problemáticos del mundo, y equivocadamente creen que las agencias a cargo del problema de la droga van a resolver la situación.

De hecho, las evidencias distan de dar ánimos. Después de la reunión Cumbre de las Américas de dirigentes del hemisferio en Québec el 22 de Abril, el presidente Bush afirmó, "Esta en manos del presidente Pastrana conseguir la paz. Una vez conseguida estaremos a su lado." Tan notable pasividad es profundamente preocupante. La administración de Bush necesita involucrarse política y diplomáticamente para ayudar a los Colombianos a diseñar una estrategia y crear un consenso nacional para avanzar lo que es en su mejor estado un esfuerzo de paz tambaleante entre el gobierno, y ambas las FARC y el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) La segunda fuerza rebelde del país. Con las elecciones presidenciales de Colombia a menos de un año, no se puede esperar que Pastrana consiga mucho progreso en este frente antes de finalizar su mandato. Mientras tanto, sin embargo, los EE.UU. no debería quedarse en el banquillo y simplemente esperar un avance en las estancadas negociaciones, como sugiere el comentario de Bush.

Más bien, los EE.UU. deberían movilizar el apoyo dentro de la Naciones Unidas vigorosamente, la Organización de Estados Americanos, sus compañeros en Latino América – particularmente Méjico y Brasil – y también en Europa para organizar una estructura dentro de la cual se puedan llevar a cabo negociaciones serias.

El gobierno de Colombia, por ejemplo, no debería ser el que reúne y a demás parte del conflicto a la vez, como lo es hoy en día, debería concentrarse en lo segundo. Encabezando este esfuerzo multilateral, los EE.UU. estarán haciendo participar a la comunidad internacional y respondiendo directamente a las numerosas críticas sobre la participación Estadounidense que han surgido de Europa y Latino América desde la adopción del Plan Colombia ( y que seguramente serán únicamente temporalmente silenciadas por la Iniciativa Regional Andina). La insatisfacción internacional con la política actual – un desacuerdo por la falta de consultas de decisiones unilaterales en sus tratos con Colombia – puede ser mitigada con acuerdos multilaterales que destacan la creación de consenso y de diálogo. Como a sido demostrado en otros conflictos en el mundo, la participación internacional sostenida es crítica para que un proceso de paz tambaleante tenga alguna posibilidad de seguir adelante.

Con la posible excepción de Cuba y Méjico, Latino América no tiene normalmente la constante atención de alto nivel mas comúnmente acordada a Medio Oriente o Europa. Aun así Colombia requiere precisamente ese tipo de atención, plantea una de las pruebas más formidables en la política exterior de la administración de Bush. La gran pregunta es si los EE.UU. podrán hacer frente al reto trascendiendo de su enfoque miope en la lucha contra las drogas y en cambio ejercitar su liderazgo para que la nación con más problemas del hemisferio, alivie su pesadilla humanitaria y se dirija hacia a una paz duradera.