El problema principal es, sin embargo, que las actuales ayudas de seguridad provistas por los EE.UU. no se están disponiendo de una manera en la que mejor pueden contribuir a la paz y reconciliación de Colombia. De hecho, aunque Colombia es el tercer receptor de ayudas de seguridad en el mundo ( detrás de Israel y Egipto), hay pocos indicios de cualquier tipo de conceptos de guías estratégicas. En vez de eso, el paquete de ayudas de $1,3 billones aprobado para Colombia el año pasado – la contribución de EE.UU. al más amplio multi-anual Plan Colombia de 7,5 billones – es, como se ha dicho con anterioridad en su mayor parte un programa militar anti-droga. Esta política responde menos a la realidad de Colombia que a la realidad y las presiones de la política nacional de EE.UU. Hasta el punto que si la ayuda tiene alguna conexión con el objetivo clave de ayudar a Colombia a proteger a sus ciudadanos, es mayoritariamente indirecto y principalmente una racionalización para justificar la persecución de la última pieza del rompecabezas Colombiano que más importa a los oficiales Estadounidenses – las drogas.

Las ayudas actuales a Colombia destacan la fórmula anti-droga común de los EE.UU.: erradicación y interdicción. Es dudoso que tal fórmula tenga un efecto positivo en ayudar, aunque sea levemente, a reducir el flujo de drogas hacia EE.UU. . Pero también parece evidente que enfocar las ayudas hacia la compra de caros helicópteros y entrenar a unos cuantos batallones anti-narcóticos para hacerse con los campos de cultivo de coca en el sur de Colombia está lejos de ser la mejor forma de dar la vuelta a la sin ley prevaleciente y el continuo deterioro del país. De hecho hay suficientes pruebas de que la fumigación es a menudo contra producente, ayudando a poner a los cultivadores de coca en manos de las fuerzas fuera de la ley, bien sean de derechas, o de izquierdas.

La ayuda de EE.UU. está desencaminada y necesita ser considerablemente reformada y replanteada. Para poder cambiar el estrecho enfoque sobre las drogas y ayudar a los Colombianos a tratar su urgente problema de orden público, el énfasis estratégico de la política Estadounidense en Colombia debería a lo contrario ser, a corto plazo, promover la profesionalización de las fuerzas de seguridad. De la profesionalización transciende el dilema anti-droga/contrinsurgencia que con frecuencia sale a la luz en los debates de política sobre Colombia. Los críticos a menudo reclaman que la motivación política de EE.UU. es una derrota militar de las guerrillas, usando la lucha contra las drogas como un pretexto. Pero reorientar la política de EE.UU. de una manera que pone más énfasis en reafirmar la autoridad en un contexto democrático sería un cambio bienvenido – y algo bastante diferente que un método anti-droga o de contrainsurgencia. Para poder llevar a cabo este esfuerzo de profesionalización, los EE.UU. debería centrarse menos en aportar material bélico, y más en formación, reestructura del ejército, recolección de información, y de establecer mecanismos de vigilancia efectivos.

Más importante aún es que, la profesionalización sería un paso necesario para reforzar el estado Colombiano, lo cual ayudaría al país a llegar a un acuerdo de paz en este conflicto de décadas. Fuerzas de seguridad de mayor profesionalidad – mayor capacidad y crucialmente una adherencia completa a las normas de conducta de derechos humanos – bien podrían cambiar la dinámica del conflicto, alterando los cálculos de las FARC y haciéndoles más propensos a negociar de buena fe.

Está claro que los EE.UU. cortaron las ayudas al ejército debido a denuncias de abusos de derechos humanos y a la extensa corrupción. En cambio, el apoyo se dirigió hacia la Policía Nacional de Colombia para propósitos anti-droga. Pero este apoyo, todavía equivocadamente dirigido a la lucha contra las drogas, demostró ser inadecuado para tratar con el problema yaciente del crecimiento del desorden. El objetivo global de la política de EE.UU. en Colombia debería ser, al contrario, incrementar la capacidad de las fuerzas de seguridad de restaurar y mantener el orden público y también incrementar la disciplina de los soldados y hacerles más responsables de sus acciones.