En la vista de la historia de Colombia, no hay duda que para que el estado lleve a cabo su función legítima, hay una tarea formidable y a largo plazo. De hecho el estado Colombiano ha sido débil históricamente, teniendo poco control sobre su territorio nacional. El reto es también impresionantemente extenso, englobando política social, desarrollo económico, y reformas políticas, además hay un importante problema de orden publico, reflejado en las ahora conocidas, estadísticas chocantes de importantes incrementos en el número de desplazados internos, asesinatos, secuestros y violencia relacionada. En estas categorías horrorosas, Colombia ha logrado batir un número de marcas mundiales (incluyendo a mas de 3.000 secuestros el pasado año). No es nada claro como Colombia puede dirigirse a su amplia agenda social y institucional entre tal caos.

Similarmente, desde una perspectiva de derechos humanos, es difícil imaginar un escenario optimista en Colombia a menos que el estado empiece a reafirmar su control y autoridad legítima en el país. Y es igualmente difícil imaginar que el estado podrá hacerlo por sí solo, sin una participación externa considerable, una mezcla correcta de presión y apoyo. En este contexto, el papel de los EE.UU. es fundamental, y hasta ineludible. Dos caminos cruciales – una asistencia amplia por un lado y apoyo político por el otro- deben ser seguidos simultáneamente y con habilidad.

Para poder responder a la urgencia de la situación en Colombia, un apoyo de seguridad significativo es esencial y únicamente puede llegar de los EE.UU. Los países Europeos no pueden ni están dispuestos a dar tal asistencia. Es seguro que, críticos de las ayudas de EE.UU. están, con razón, preocupados por los ampliamente documentados lazos entre el ejército Colombiano y los grupos paramilitares, con el telón de fondo del inquietante historial de la participación militar Estadounidense en Latino América. El temor es que las ayudas de seguridad puedan ser usadas, aunque indirectamente, para financiar la "guerra sucia" del país. Aun así debido que la opción de retirada probablemente extendería notablemente el conflicto en Colombia, tiene más sentido centrarse en cómo los EE.UU. podrían utilizar su influencia y poder, de una manera positiva. Ésto no significaría únicamente aplicar la presión necesaria para cortar los lazos ejército / paramilitares, sino también instar a las fuerzas de seguridad Colombianas a llevar a cabo su correcta función en una sociedad democrática, controlando a todos los participantes que están obrando ilegalmente.

Es importante reconocer que, bajo la administración Pastrana, los Colombianos ya han tomado pasos en esta dirección positiva. Aunque todavía demasiado inusuales, ha habido algunas confrontaciones entre el ejército y las fuerzas paramilitares. También se ha dado un incremento en el número de detenciones y destituciones de oficiales del ejército debido a lazos con los paramilitares. Según el estudio del departamento de estado Informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2000 Países, "desde 1997 hasta el final de Octubre del 2000, 934 miembros de grupos paramilitares han sido capturados, y 150 han sido matados. El Ministerio de Defensa informa que durante ese año las fuerzas de seguridad mataron a 89 miembros de grupos paramilitares y capturaron a 315. En 1999 el ejército informó que mató a 26 miembros de grupos paramilitares y capturó a 102 durante ese año." Los esfuerzos de perseguir con seriedad a los grupos paramilitares acaban de comenzar, y sin duda se necesita hacer mucho más. Pero es difícil negar que hasta el punto que haya habido cualquier progreso en este frente, puede ser substancialmente atribuido a la participación de EE.UU., y en menor medida a la presión internacional sobre el gobierno de Colombia.